El pasado 3 de septiembre, ante la imposibilidad de formar gobierno y tras las reuniones mantenidas con mas de 300 organizaciones de la sociedad civil, el gobierno en funciones publicó el documento “Propuesta abierta para un programa común progresista” con 370 medidas a adoptar.

Entre las medidas fiscales que se proponen, cuyo objetivo se dice que es “recuperar la progresividad del sistema, al igual que la lucha contra el fraude y la elusión fiscal”, destacan las siguientes:

  • Aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
  • Reformar el Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
  • Limitar las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades.
  • Mayor control sobre las SICAV, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera.
  • Mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
  • Promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo.
  • Armonizar los tributos ambientales existentes en todas las administraciones.
  • Aprobar una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reforzar los medios dedicados a la lucha contra el fraude, actualizar la lista de paraísos fiscales, modificar la regulación relativa a la lista de morosos de la AEAT (incluyendo a los responsables solidarios y reduciendo la cuantía de la deuda para ser incluido a 600.000€) y prohibir las amnistías fiscales.
  • Reducir a 1.000 euros la limitación de pagos en efectivo para empresarios y profesionales.
  • Transponer la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.
  • Impuesto sobre el Valor Añadido: reducir el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.
  • Crear el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.